Representantes de la sociedad civil calificaron como “lamentable y deplorable” la decisión de los diputados locales del estado mexicano de Zacatecas de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo a un comunicado del Congreso de Zacatecas, el dictamen aprobado considera como aborto “la interrupción del embarazo después de las primeras doce semanas de gestación”, al tiempo que se penaliza el aborto forzado —realizado “sin el consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar”— que se ejecute “en cualquier momento” del embarazo.
Con esta reforma, Zacatecas se convirtió en el décimo quinto estado de México en permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación. A estos se suman Sinaloa, donde se ha despenalizado el aborto hasta las 13 semanas; y Coahuila, donde la penalización ha sido invalidada pero no se han establecido parámetros específicos para el aborto.
Hasta el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador —fundador del partido MORENA—, el 1 de diciembre de 2018, sólo la Ciudad de México había despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum —también militante de MORENA— Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de embarazo.
Aborto “manchará de sangre y violencia” Zacatecas
Erick González Neri, representante del Frente Nacional por la Familia en Zacatecas y portavoz de diversos grupos provida, expresó su rechazo a la reforma, asegurando en una entrevista con ACI Prensa que se trata de una iniciativa que “manchará de sangre y violencia nuestro estado”. González Neri señaló que la violencia está ahora dirigida “hacia los más pequeños e indefensos, los bebés que están en el vientre de sus madres”.
Asimismo, aseguró que la despenalización del aborto “no refleja en lo más mínimo el sentir de la población zacatecana”, ya que “la mayoría de la población es católica y provida”. En ese sentido, acusó a los diputados de “no están representando a la ciudadanía zacatecana”.
Tras la normativa aprobada por el Congreso, el siguiente paso sería modificar la Ley de Salud para establecer cómo se aplicaría el acceso al aborto. Por ello, el líder provida indicó que se debe “dar la batalla” en la Comisión de Salud del Congreso para que se pongan “candados y restricciones a los abortos que se quieran realizar en nuestro estado”.
González aseguró que los grupos provida de Zacatecas se comprometen a trabajar “incansablemente” en reformas que defiendan y apoyen a las mujeres embarazadas en situación de crisis y vulnerabilidad, “promoviendo una cultura que respete la dignidad humana en cualquier etapa y circunstancia”.
Avanza el aborto en México
Mientras Zacatecas se une a los estados que despenalizan el aborto, otros lugares de México se preparan para legislar sobre el tema, entre ellos el Estado de México, Guanajuato y Chiapas.
En Guanajuato, el Arzobispo de León, Mons. Jaime Calderón Calderón, expresó su preocupación por tres iniciativas en discusión en el Congreso local, una de las cuales “permitiría el aborto hasta los nueve meses de gestación”.
Según el prelado, estas propuestas buscan “eliminar el derecho a la vida de la Constitución local e incorporar el aborto en los sistemas educativo y de salud, atentando contra la dignidad humana y promoviendo una discriminación inadmisible contra los no nacidos”.
“No podemos condenar a muerte a un ser humano por no haber alcanzado más días de desarrollo”, afirmó Mons. Calderón Calderón en su comunicado.
El 19 de noviembre, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal, modificando el texto que reconocía, protegía y tutelaba “el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción”.
La nueva redacción establece que “el Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en la legislación penal del estado de Chiapas”.
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de San Cristóbal de las Casas y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez —ambas en Chiapas—, expresó su preocupación por esta reforma, señalando que “abre la posibilidad de vulnerar este derecho [a la vida]”, lo cual “representa una grave contradicción ética y jurídica”.
El obispo hizo un llamado enérgico a la sociedad y a los legisladores a no permanecer en silencio ante un proyecto de ley que “bajo el pretexto de garantizar ‘derechos reproductivos’, ignora los derechos del ser humano más frágil”.
“Legislar a favor de la muerte es contrario a todo bienestar de la persona, por ello debe ser rechazado”, afirmó Mons. Aguilar, por lo que instó a los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones del “el daño que esta ley puede causar al tejido moral de nuestra sociedad”.
