Ciudad de México. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), donde convergen los principales directivos del órgano, aprueba un nuevo ajuste al presupuesto para la organización de la elección judicial, al fijarla en 6 mil 219 millones de pesos, esto es 110 millones menos que la cifra aprobada en la víspera en su comisión temporal de presupuesto.
En una carrera contra el tiempo – y en medio de una persistente división entre consejeros- la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que «no fue tarea fácil» construir este ajuste y algunos cambios se hicieron con «dolor» de algunas áreas, aunque ratificó que solicitarán una ampliación presupuestal apenas inicie enero.
«Si esto funciona estaremos mucho mejor en términos de calidad y resultados que debemos que dar al país. Estoy convencida que es el camino al que teníamos que llegar y segura de que saldremos adelante con algunas medidas de racionalidad y austeridad para que esto pueda complementarse y redireccionando recursos en el camino.
“No será la primera vez que el INE implemente este tipo de medidas y hoy lo haremos de nuevo, garantizando los grandes proyectos que tenemos enfrente, las elecciones locales en Durango y Veracruz, y la elección del poder judicial a nivel federal; la constitución de nuevos partidos políticos, y la salvaguarda de los derechos laborales de todo el personal del Instituto», señaló.
No obstante fue pospuesta para el 30 de diciembre la sesión del consejo general en el que previsiblemente se dará la definitividad al “ajuste” presupuestal para el año entrante, luego del recorte aplicado por la Cámara de Diputados, de 13 mil millones de una petición general de 40 mil millones.
El miércoles, en comisión, se indicó que del monto total disponible para el próximo año, de 27 mil millones, 12 mil 325 millones serían para la operación del INE; 990 millones para la denominada Cartera Institucional de Proyectos (CIP); 6 mil 329 millones para la elección judicial (de una previsión original de 13 mil 205 millones) y 7 mil 354 millones de financiamiento público a los partidos políticos nacionales.
Anoche, en los proyectos votados por la Junta, hay dos nuevas cifras: 6 mil 219 millones para la elección de personas juzgadoras y mil 127 millones para la CIP.
En ese último punto (de la Cartera), 59 rubros aparecen en cero pesos, bajo la aclaración de que dichos proyectos podrían ser financiados con las economías o ahorros de cada área, mientras que 97 ya traen el correspondiente ajuste a la baja.
Entre los planes afectados están algunos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en los comicios; estudios, análisis y diagnósticos en distintas direcciones; algunas actividades vinculadas con la modernización de sistemas de informática y geografía electoral, e incluso la campaña anual para la actualización del padrón.
“Se estima que 219 Módulos de Atención Ciudadana de la infraestructura permanente enfrentarán saturación en su operación, resultando en largos tiempos de espera de la ciudadanía en la tramitación de credenciales, lo que podría afectar su derecho a la identidad”, se advierte.
Sin embargo, en la presentación del proyecto, que todavía deberá ser ratificado por el consejo general, se dijo que los ajustes se aplicaron en “operaciones no sustantivas”.
Aunque el anteproyecto de “ajuste o armonización” tuvo luz verde antier en la citada comisión y la votación en consejo general fue prevista para este jueves, finalmente esta sesión de la máxima instancia de decisión fue diferida.
Fuentes del Instituto dijeron que los documentos en los que se detallaba la “armonización” – así como del modelo de las boletas para la elección judicial- fueron circulados hasta las cinco de la tarde de ayer, así que algunos consejeros pidieron tiempo para analizarlos porque con esta premura habrían citado a sesión hasta la media noche.
