WASHINGTON — Un juez federal allanó el camino el miércoles para que el plan del presidente estadounidense Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal mediante un programa de renuncia diferida sea implementado.
Ello representó una victoria jurídica importante para el presidente republicano tras una serie de reveses en los tribunales.
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá sobre la voluntad de 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
No está claro cuántos trabajadores federales aceptaron la oferta de renunciar a cambio de recibir un salario hasta el 30 de septiembre, pero la Casa Blanca indicó que había 65.000 hasta el viernes.
McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de Administración de Personal, dijo que el programa de renuncia diferida ahora estaba cerrado para más trabajadores. Comentó que “ofrece beneficios generosos para que los trabajadores federales puedan planificar su futuro”.
El presidente nacional de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, Everett Kelley, dijo en un comunicado que los abogados del sindicato están evaluando los próximos pasos.
“La decisión de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la equidad para los servidores públicos”, afirmó Kelley. “Pero no es el final de esa lucha. Es importante destacar que esta decisión no abordó la legalidad subyacente del programa”.
El sindicato continúa sosteniendo que es ilegal obligar a los ciudadanos estadounidenses a tomar una decisión, en unos pocos días, sin información adecuada, sobre “si desarraigar a sus familias y dejar sus carreras por lo que equivale a un pagaré no financiado de Elon Musk”, dice el comunicado.
El juez federal de distrito George O’Toole Jr. de Boston determinó que los sindicatos no tenían legitimidad legal para impugnar el programa, comúnmente descrito como una oferta de incentivos para que el empleado renuncie voluntariamente. O’Toole fue nominado por el expresidente Bill Clinton, un demócrata.
El programa de renuncia diferida ha sido impulsado por Elon Musk, quien funge como el principal colaborador de Trump para reducir el gasto federal. Según el plan, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir un sueldo hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos laborales argumentaron que el plan es ilegal y pidieron a O’Toole que lo mantuviera en pausa y evitara que la Oficina de Administración de Personal solicitara a más trabajadores que se inscribieran.
Un abogado del Departamento de Justicia ha calificado el plan como una “salida humanitaria” para los empleados federales que pueden haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y que han sido ordenados a regresar a las oficinas del gobierno.
