El Senado aprobó esta noche reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal que fortalecen los mecanismos para evitar este ilícito.
El dictamen fue avalado por 74 votos a favor de Morena y sus partidos aliados, 13 en contra del PRI y algunos panistas, y 19 abstenciones de Movimiento Ciudadano y otros integrantes de Acción Nacional, como el coordinador Ricardo Anaya. La mesa directiva anunció que el documento será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
La reforma paso con cambios de última hora para eliminar toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que ese delito ya está tipificado en el Código Penal Federal y México es parte de instrumentos internacionales que prevén su combate.
La morenista Lucia Trasviña fue la encargada de presentar la reserva mediante la que se hicieron las modificaciones. Explicó así, que se elimina del dictamen la figura citada porque es innecesaria y redundante, además de que podría llevar a una antinomia jurídica que altere el marco normativo e impida la correcta aplicación de la ley.
Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña sacó relucir el caso de las tres instituciones financieras acusadas por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero al cuestionar la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
¿La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desconocían circunstancias? ¿Les faltaba información?, ¿Se hicieron ojo de hormiga? ¿Qué paso?, preguntó.
Guadalupe Chavira, de Morena, reviró que tanto la Secretaría de Hacienda, como la Unidad y la comisión nacional bancaria han informado sobre una investigación al respecto.
En términos generales, la oposición se manifestó a favor de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero “esta causa legítima se está usando como Caballo de Troya para imponer vigilancias sin control y sospechas sin pruebas”, subrayó.
Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña se quejaron de que la definición de Persona Políticamente Expuesta es ambigua y da píe a que cualquier ciudadano relacionado con ella, pueda ser sujeto de sospecha.
La priísta Claudia Anaya consideró que la reforma es un paso más a la “militarización del país”, pues ahora los integrantes de la Guardia Nacional, que son soldados, realizarán labores de investigación en materia de lavado de dinero.
Morena califico como falsos y exageraciones tales planteamientos. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y promotor del cambio legislativo, recordó que la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no es una norma penal, ni de persecución de delitos, sino que tiene una naturaleza preventiva y administrativa.
Su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control. En el artículo 6, fracción séptima, únicamente se formalizan mecanismos de colaboración entre las secretarias de Hacienda y de Seguridad, así como la Guardia Nacional en el ámbito de la prevención y detección de lavado de dinero. No es cierto que crea nuevas posibilidades penales ni traslada atribuciones del ministerio público a las instituciones mencionada.
Oscar Cantón Zetina, de Morena, dijo que una de las medidas más eficaces para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos es identificar a las Personas Políticamente Expuestas, es decir, personas con influencia pública que por su posición pueden abusar de ella para el beneficio personal o de terceros.
En este sentido, destacó que la propuesta normativa no es un exceso ni una medida abusiva, sino una disposición necesaria que va en contra de las redes de encubrimiento familiar o clientelar generadas por la delincuencia organizada.
