Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
Modernidad, inclusión, “soluciones digitales para todo” son temas que se repiten tanto en las comarcas “Fosfo, Fosfo” que terminan pareciendo mantra. En Jalisco, esa línea se ha traducido en una tarjeta que supuestamente centraliza servicios y “facilita la vida” de quienes usan transporte público, de forma muy sencilla y burda lo llaman progreso, identidad digital, modernización.
Pero basta con mirar la práctica para ver que algo no cuadra, ya que en prácticamente cualquier otra ciudad del país, para obtener una tarjeta de transporte público lo único que tienes que hacer es acercarte a una máquina, ponerle dinero y usarla o si la ciudad está lista para ello, hacerlo desde tu celular. No regalas tu vida y tu historial crediticio para hacer algo tan teóricamente sencillo como lo es pagar un pasaje de transporte público
Hoy, lo que se está imponiendo, además de un incremento abrupto en el costo de transporte público, el famosos tarifazo, se hace bajo el sello de un mentado “estilo Jalisco”, que obligaría a las personas a ceder datos privados para acceder a un servicio público. Más allá del discurso de la bancarización, de la supuesta inclusión, existe un umbral de exigencias que excluye a quienes más dependen del transporte. Según el proceso de registro de la llamada Tarjeta Única, necesitas INE, comprobante de domicilio, un celular, acceso a internet, impresora y tiempo disponible entre semana, probablemente en horario laboral. ¿Quién no tiene eso? La respuesta es evidente, las personas más precarizadas, justamente quienes más necesitan el servicio.
Por otro lado, si uno revisa el aviso de privacidad disponible públicamente en su sitio web, la inquietud se agrava. Al registrar tu tarjeta, no estás dando acceso a un lector de saldo ni a un sistema que solo valida el pase, se firma sin intermediarios, que Broxel acceda a tu historial crediticio, a tus datos biométricos, que use tu información para propósitos de mercadotecnia y que incluso los transfiera a sus llamados “socios comerciales”. Cabe recalcar, que Broxel ha sido blanco de un buen número de denuncias de usuarios en su contra.
Mientras escribo estas líneas, la herramienta de participación ciudadana en Jalisco ya ha superado el 100 por ciento de las firmas requeridas por el organismo electoral local, el IEPC, para promover un referéndum estatal que podría revertir esta política.
Por si fuera poco, el chistecido del gobernador Lemus, mantendría activas alrededor de tres millones de tarjetas, más allá de los subsidios que se otorguen, costará al Gobierno de Jalisco prácticamente doscientos millones de pesos al año. Si se registran más usuarios, ese costo crece proporcionalmente.
Una política pública que obliga a las personas a dar más de lo que recibe, cuando la supuesta innovación termina siendo una mercancía de aprovechamiento económico, entonces no estamos frente a un avance social, sino frente a una operación que, disfrazada de modernidad, expone hipocresía y sobre todo, daño a la sociedad.
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