La Cámara Alta del Congreso de México aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que le permite ampliar sus funciones en materia ambiental. La modificación, aprobada con 105 votos, establece que la Guardia Nacional podrá participar en tareas de vigilancia y protección en áreas naturales protegidas y parques nacionales de competencia federal, además de sus funciones habituales en seguridad pública.
Entre las nuevas responsabilidades que se incorporan a la institución se encuentran la protección de recursos naturales, la vigilancia en áreas terrestres protegidas, la prevención y combate de delitos ambientales, así como la coordinación obligatoria con las autoridades ambientales correspondientes. La reforma busca fortalecer la protección del medio ambiente y garantizar el derecho de la población a un entorno saludable, además de contribuir a la seguridad en estas zonas.
La reforma también especifica los delitos ambientales en los que la Guardia Nacional podrá intervenir, como tala ilegal, cacería ilícita, tráfico de especies, degradación de ecosistemas y contaminación ambiental. La participación de la Guardia en estos casos deberá realizarse siempre en coordinación con las autoridades ambientales, con respeto a los derechos humanos y en un esquema de colaboración interinstitucional.
Las áreas específicas donde la Guardia Nacional podrá actuar incluyen zonas como la biosfera de Calakmul en Campeche, la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán y la reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en Sonora. La reforma busca que la institución actúe como un apoyo adicional a las tareas de protección ambiental en estos espacios de conservación federal.
Con esta ampliación de funciones, la Guardia Nacional mantiene sus tareas tradicionales de combate a la delincuencia, vigilancia en carreteras, control migratorio y seguridad en aeropuertos, sumando ahora responsabilidades en la protección del medio ambiente. La reforma busca fortalecer su papel como actor estratégico en la protección del orden federal y la conservación ecológica, siempre en coordinación con las autoridades competentes para evitar duplicidades y garantizar una actuación efectiva y respetuosa.
