En la opinión de M.S.P.A. Karina Martínez Jiménez.
El 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el 25 de noviembre como el día internacional para la erradicación de la lucha contra la Mujer, por ello cada año en el mundo, millones de personas salen a las calles a exigir en una sola voz, la terminación de las olas de violencia sistemática que se presenta en todos los entornos del mundo en contra de la mujer.
Dicha conmemoración también se remonta a 1960 cuando las hermanas, María Teresa, Patria y Minerva de apellido Miramar, fueron brutalmente asesinadas como represalia a su activismo y su valentía en la lucha contra la violencia de género que imperaba en su País (República Dominicana).
No obstante, que se conmemora el 25 aniversario de la oficialización de ese día para erradicar la violencia contra la mujer, esta sigue incrementándose en nuestro país, la violencia contra las mujeres sigue escalando cada vez más ámbitos, uno de ellos nos lleva a la violencia laboral, esa que se ejerce por personas con los que la víctima guarda una relación laboral, que se manifiesta a través de la descalificación del trabajo realizado, la intimidación, las amenazas, las humillación, la inobservancia igualitaria de las condiciones generales de trabajo, entre otras acciones que dañan la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impidiendo su desarrollo, pero sobre todo lesionando su dignidad.
El centro trabajo no debe ser nunca un campo de batalla para ninguna mujer; la dignidad y derecho a un espacio laboral libre de violencia, no debe considerarse un privilegio al que solo pueden acceder quienes callan y resisten el abuso, sino que debe reconocerse y exigirse como el derecho de toda mujer que desempeña una actividad laboral, tanto la mujer que labora en el nivel de menor jerarquía como el de la mayor dirección, porque la violencia laboral lesiona la dignidad de la mujer con independencia que su generador sea o no su superior jerárquico, o que la víctima sea o no profesionista, este tipo de violencia muchas veces no visibilizado incluso por las propias víctimas, va generando un circulo de normalización en la victima que ha llegado incluso a cuestionarse si debe o no denunciar a su agresor, precisamente por el temor a la pérdida de su empleo, como único sustento de su familia.
Esta omisión de denunciar obedece a múltiples factores, uno de ellos la desconfianza en las autoridades encargadas de investigarlas y sancionarlas, tal fue el caso de la maestra Juana Dávila, Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Estado de México, quien sufrió violencia laboral e institucional, pues fue objeto de múltiples cambios de adscripción, con distancias de casi cuatro horas de su domicilio, fue excluida al no ser convocada a cursos y discusiones de temas relacionados con su función y preparación; perseguida pues el Consejo de la Judicatura del Estado inicio en tan solo un año un total de quince procedimientos administrativos disciplinarios en contra de la jueza, que generaron en la juzgadora una afectación a su estabilidad emocional y laboral, así como el desprestigio de su imagen ante la sociedad.
Dicha violencia se incrementó, cuando fue cesada de su cargo de juzgadora, privándola de su fuente de ingresos y las de sus hijos, lo que llevo a la juzgadora a promover un juicio de amparo contra los actos del Consejo de la Judicatura del Estado de México y su presidente, que fue resuelto en el recurso de revisión 97/2023, radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, mismo que al visibilizar la violencia ejercida en contra de la jueza por la propia institución para la que laboraba, ordenó que el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México y otras autoridades de alto nivel, ofrecieran un disculpa pública por los actos de violencia de género y discriminación que se gestaron de manera previa, durante y después de ser cesada de su cargo, se reconoció la responsabilidad del Consejo de la Judicatura del Estado de México y su presidente, por violaciones graves a los derechos humanos de la Jueza Juana Dávila Flores, así mismo se ordenó que en el mismo plazo se emitiera un protocolo de actuación con perspectiva de género, igualdad y no discriminación para las personas juzgadoras, esto como una garantía de no repetición de nuevos actos de violencia. Actualmente la Jueza Juana Dávila ha sido reinstalada en sus funciones por orden de la autoridad federal, y representa un ejemplo de lucha en la defensa de sus derechos y el recordatorio al Estado que la violencia en contra de la mujer no es tolerable en ninguno de sus ámbitos.
Si reflexionamos que la Jueza Juana Dávila, siendo mujer, profesionista, conocedora de la ley, con posibilidades económicas para entablar un procedimiento legal, además de laborar para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, institución encargada de impartir justicia, fue violentada en su propio espacio laboral, nos lleva a cuestionar que pasaría con una mujer sin red de apoyo y en condiciones económicas y académicas más adversas?
A pesar del escenario desolador, y que incluso quien redacta este artículo me encuentro en pie de lucha para exigir justicia para cesar la violencia laboral e institucional de que soy objeto, hago un llamado respetuoso para que las mujeres que viven violencia laboral formulen su denuncia para cesar dichos abusos, tal y como sucedió con la coalición “Alas, Dignidad y Justicia Laboral”, conformada entre otras, por un grupo de trabajadoras del Estado de Chihuahua que decidieron llamar la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C haciendo del conocimiento la violencia sistemática que se vive por las mujeres en los espacios laborales en México, así como las represalias de que son objeto por sus patrones cuando deciden denunciar, siendo víctimas de procedimientos administrativos disciplinarios, suspensiones y cesación de su empleo por su activismo en la defensa de sus derechos laborales.
Por ello este 25 de noviembre, debe ser un recordatorio para toda las autoridades encargadas de impartir justicia, que tienen el deber de tomar acciones urgentes que garanticen el derecho a una vida libre de violencia incluyendo el espacio laboral, porque solo así, no se tendría la necesidad de pintar de naranja el mundo cada 25 de noviembre.
