La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) está demandando a la administración Trump por lo que considera una suspensión ilegal de fondos para programas de refugiados en el país.
Al asumir el cargo el enero, el presidente Donald Trump emitió amplias órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, ordenaban congelar fondos y subvenciones de asistencia extranjera, con la intención de erradicar las iniciativas de izquierda en los programas financiados por el gobierno federal.
Las órdenes han dado lugar a una serie de impugnaciones legales por parte de defensores y grupos sin fines de lucro que argumentan que la congelación de fondos es ilegal. Otros grupos como Catholic Charities han instado a la administración Trump a reconsiderar la congelación, citando la «atención crucial» que la financiación ayuda a proporcionar.
En su demanda, presentada el 18 de febrero en el tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington DC, la USCCB señala que ha trabajado con la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos durante “casi medio siglo” para ayudar con el reasentamiento de refugiados en el país.
La oficina de refugiados ha comprometido “alrededor de 65 millones de dólares en fondos federales” para la USCCB y sus afiliados para servicios de refugiados, dicen los obispos en su demanda.
Sin embargo, el 24 de enero, el Departamento de Estado suspendió la financiación “sin previo aviso”. Los obispos recibieron una “carta superficial de dos páginas” en la que se les informaba de la suspensión.
Los resultados de la suspensión han sido “devastadores”, dicen los obispos. Asimismo, informan de “millones de dólares en reembolsos pendientes y sin pagar por servicios ya prestados a los refugiados”, junto con “millones más cada semana”.
“La USCCB ya se ha visto obligada a iniciar despidos para 50 empleados”, dice la demanda. “Se enfrenta a un daño irreparable a sus programas de reasentamiento de refugiados de larga data y a su reputación y relación con sus subreceptores y las poblaciones de refugiados a las que sirve”, añade.
Mientras tanto, los socios de Downstream también se han visto obligados a despedir personal, dicen los obispos, mientras que los refugiados que ya están en los Estados Unidos “pronto podrían quedar sin apoyo”.
Los obispos argumentan que la congelación de fondos viola la Ley de Procedimiento Administrativo federal, que supervisa cómo las agencias federales administran las reglas y los procesos. La demanda afirma que la congelación también viola la separación de poderes bajo la Constitución de los Estados Unidos.
En su demanda, los obispos piden al tribunal que anule la suspensión de fondos y bloquee al gobierno federal para que la implemente.
A principios de este mes, el Servicio Jesuita a Refugiados argumentó que más de 100.000 refugiados en todo el mundo se verán afectados negativamente por la congelación de fondos de Trump, y que la pausa provocará un “paro laboral total” para la organización católica.
En enero, los obispos estadounidenses pidieron a los católicos que se pusieran en contacto con sus miembros del Congreso y solicitaran la reanudación de la financiación de la ayuda exterior tras la congelación de la Casa Blanca.
La pausa “será perjudicial para millones de nuestros hermanos y hermanas que necesitan acceso a asistencia humanitaria, sanitaria y de desarrollo que les salve la vida”, dijeron los obispos.
