Ciudad de México. El Senado aprobó con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la reforma que lleva a nivel de la Constitución prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores y de drogas sintéticas como el fentanilo y lo remitió a los congresos de los estados para continuar el proceso legislativo.
Aunque sólo los cinco senadores de MC votaron en contra, los grupos de PRI y PAN, que la avalaron en lo general, trataron de modificar la redacción en lo particular a fin de que prohibición se cambiara por regulación y expresaron que es un exceso equiparar el consumo de cigarrillos electrónicos con una droga como el fentanilo y que ello violenta la libertad de decidir, lo que motivó que legisladores de Morena y PVEM les reviraran que en realidad lo que hace es defender los intereses de las grandes tabacaleras.
La senadora de Morena, Margarita Valdez, quién en la pasada legislatura impulsó la modificación a la Ley de Salud, para evitar que se vendieran los cigarrillo electrónicos, recordó que hubo un gran cabildeo contra esa reforma y la Suprema Corte echó abajo esa modificación, bajo el argumento de que afecta el libre comercio.
Su compañera de bancada, Julieta Andrea Ramírez, les advirtió que no trataran de “enredarlos” en una narrativa hipócrita de defensa de las libertades individuales, porque en realidad lo que hacen es apoyar los grandes negocios y el uso de vapeadores que hacen a los jóvenes inhalar sustancias tóxicas, que pueden provocar cáncer.
Al hablar a nombre del PAN, el senador Ricardo Anaya, preguntó, de entrada, ¿Dónde quedó prohibido prohibir?, e insistió en que es “una aberración” prohibir en la la Constitución una droga específica, como el fentanilo y no hacerlo con otras, como la cocaína.
Están usando la Constitución, sostuvo “y es una falta de respeto brutal para mandarle un mensaje a Donald Trump, porque de hecho la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa”.
Además, insistió, por qué prohibir sólo los vapeadores y no el alcohol o el tabaco, que es también una sustancia peligrosa y aseguró que hay “hipocresía” porque muchos de quienes van a votar a favor fuman de manera regular esos cigarrillos elecctrónicos. “El Senado está atascado de vapeadores” y entonces van a convertir esa cámara n una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear”.
Anaya agregó que con la reforma “le están haciendo la chamba a las tabacaleras y al crimen organizado, ya que este último recuperará el mercado de 40 mil millones de pesos. Insistió en que en el PAN coinciden que no es deseable el uso de vapeadores y de fentanilo y la solución es muy sencilla: cambien una palabra del dictamen, con eso no quedaría perfecto, pero lo mejorarían de manera dramática, cambien la palabra prohibición por la palabra regulación y hagamos una legislación secundaria inteligente, responsable y útil para el país”.
Igualmente, la senadora de MC, Alejandra Barrales, adelantó que votarían en contra y reprochó a Morena “por romper con un planteamiento que nos dijeron desde el inicio del primer gobierno de izquierda en este país, que estaba prohibido prohibir”.
La reforma, dijo, “busca criminalizar y penalizar el consumo de sustancias, en lugar de prevenir y de regular el libre consumo, como cualquier izquierda propone en cualquier lugar del mundo. La reforma busca modificar el artículo cuarto y quinto de nuestra Constitución, y tiene bajo nuestra opinión dos objetivos”.
La senadora Margarita Valdez, les recordó que de acuerdo con datos de la Cofepris,es un asunto de salud pública prohibir el uso de vapeadores, ya que cerca de un millón de adolescentes lo han probado alguna vez y 160 mil lo consumen regularmente, lo que daña sus pulmones y puede provocar cáncer.
No es atentar contra el libre albedrío prohibir esos agentes cancerígenos, sino salvaguardar la salud de los jóvenes y en general de la población. Recordó que la legislatura pasada en en que se pretendió regular el uso de vapeadores “tambien nos acusaron de conculcar derechos y de ir contra la industria tabacalera”. Incluso “los cabilderos se vistieron de la Asociación de Padres de Familia para disfrazar su interés económico”.
A nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador Morenista Enrique Inzunza, expuso que esa reforma a los artículo s artículos 4 y 5 Constitucionales en materia de protección a la salud por el uso de substancias tóxicas, representa n esfuerzo integral para atender problemáticas urgentes que afectan a la sociedad, especialmente a los y a las adolescentes, relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, substancias tóxicas y drogas sintéticas, con énfasis en el uso ilícito del fentanilo”.
En los últimos años, dijo, “hemos sido testigos de cómo la proliferación de dispositivos electrónicos, como los vapeadores y el aumento en el uso de substancias como el fentanilo han generado una crisis de salud y también una crisis de seguridad pública”.
“En mi estado, Sinaloa, al igual que en muchas otras entidades federativas estas problemáticas se han hecho evidentes, especialmente entre las y las adolescentes, quienes son blanco de estrategias de mercadotécnica, que promueven tales dispositivos como si fueran inofensivos, pese a que investigaciones científicas han demostrado su carácter altamente nocivo”.
En este sentido, los vapeadores comercializados, por cierto, como alternativas al cigarro, contiene substancias tóxicas que impactan de forma severa a la salud de quienes los utilizan, mientras que el fentanilo y otras drogas sintéticas han incrementado la violencia, debilitado el tejido social y cobrado miles de vidas.
La reforma a a Carta Magna, explicó, adicionar un párrafo quinto al artículo 4 para establecer sanciones conforme a la ley correspondiente, para la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y substancias tóxicas no autorizadas, como el uso ilícito del fentanilo”.
El segundo cambio es el que adiciona un segundo párrafo al artículo 5, con el cual se busca limitar el ejercicio de cualquier profesión, industria o actividad comercial relacionada con estas substancias y dispositivos, en contravención a la ley.
