Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
El gobierno de México ha dado un paso significativo hacia la modernización y la igualdad mediante la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT), presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con este esfuerzo, se buscaría digitalizar los trámites gubernamentales y fortalecer así las capacidades tecnológicas del país, marcando un parteaguas en la manera en que la ciudadanía interactúa con sus autoridades, y por tanto con los trámites que de ella emanan. Este proyecto representa una pieza clave para avanzar en la construcción de un México más transparen
En palabras de la presidenta Sheinbaum, el objetivo de la digitalización no es solo simplificar procesos, sino erradicar las brechas de desigualdad y corrupción que han permeado la relación entre el ciudadano y las instituciones. No es casualidad, por ejemplo, que uno de los pilares de esta iniciativa sea Llave MX, una herramienta que promete ser un revolucionario mecanismo de identidad digital. Con esta llave, los mexicanos podrán acceder a un expediente único que agilizará trámites, eliminará duplicidades y reducirá las barreras burocráticas que históricamente han obstaculizado el acceso a servicios esenciales.
Uno de los aspectos más visionarios de la ATDyT es su apuesta por la autonomía tecnológica, ya que con la creación de una fábrica de software y el desarrollo de infraestructura digital pública, México busca depender menos de soluciones privadas y extranjeras. Este modelo, como destacó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia, no solo promueve la austeridad al reducir costos, sino que también refuerza la seguridad de la información en un mundo donde los datos son el nuevo petróleo.
Esta autonomía no es menor en un país donde la compra de software y sistemas tecnológicos ha estado históricamente plagada de abusos, sobrecostos y corrupción. Por si fuera poco, el desarrollo tecnológico estará en manos de ingenieros, matemáticos y científicos mexicanos, egresados de universidades públicas, quienes no solo diseñarán soluciones para el gobierno, sino que también marcarán una nueva era de innovación impulsada por talento nacional.
En un país donde la burocracia suele ser un sinónimo de desigualdad, la digitalización es un paso crucial para cerrar brechas sociales. Es común que las personas en comunidades rurales o marginadas enfrenten mayores dificultades para acceder a servicios debido a barreras como la distancia, la falta de información o los costos asociados a los trámites presenciales. La digitalización de trámites no solo los hará más accesibles, sino que también reducirá el costo regulatorio que recae injustamente sobre las y los ciudadanos.
Por ejemplo, la digitalización de los trámites consulares disminuirá los procesos de 59 a 45, con tiempos de resolución casi inmediatos. Esto no es solo una cuestión de eficiencia, sino de justicia.
Históricamente, los trámites presenciales han sido un terreno fértil para la corrupción, desde los «moches» en ventanillas hasta las empresas fantasma que se aprovechan de la opacidad en los procesos gubernamentales. La digitalización, al reducir la interacción directa entre ciudadanos y funcionarios, promete cerrar estas grietas de opacidad.
La digitalización no se trata solo de modernizar trámites; se trata de garantizar derechos. Desde la implementación del Expediente Clínico Digital, que permitirá a los pacientes acceder a su información médica en cualquier lugar del país, hasta el desarrollo de la Nube México, que centralizará los recursos tecnológicos del gobierno, estas iniciativas buscan poner la tecnología al servicio de las personas.
El Plan Nacional de Ciberseguridad, que también forma parte de esta estrategia, asegura que esta transformación digital no se quede en buenas intenciones, la seguridad de los datos, tanto de los ciudadanos como del propio gobierno, será una prioridad en un contexto global donde las amenazas cibernéticas están en constante aumento.
El Internet como derecho es uno de los principios rectores de la ATDyT, por ello la infraestructura pública digital que se plantea no solo permitirá digitalizar trámites, sino también llevar conectividad a regiones donde el acceso a la red sigue siendo un lujo. Este enfoque integrador permitirá que la digitalización alcance a todos los rincones del país, eliminando las barreras geográficas que históricamente han profundizado las desigualdades.
Además, la integración de políticas de telecomunicaciones en la Agencia permitirá unificar esfuerzos en áreas como el Programa Espacial Mexicano, que proyecta el lanzamiento de un nuevo satélite estacional para 2027-2028. Este tipo de proyectos no solo mejorará la conectividad, sino que también posicionará a México como un líder regional en desarrollo tecnológico.
La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es una apuesta ambiciosa que tiene el potencial de transformar la relación entre los mexicanos y su gobierno. Más allá de las innovaciones tecnológicas, este proyecto es una reafirmación de que un México más justo, transparente y eficiente es posible.
La digitalización, como lo demuestra este esfuerzo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar derechos, cerrar brechas y construir un país donde el acceso a los servicios no dependa del lugar donde se nace o de los recursos económicos que se posean. Ahora, el reto será materializar esta visión y asegurarnos de que, en 2026, todos los trámites digitales prometidos sean una realidad. Porque un México digital no es solo un México moderno, es un México más igualitario.
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