La eventual imposición de un gravamen de 5 % sobre las remesas enviadas al extranjero que recientemente propuso la bancada del Partido Republicano en el Congreso de EE.UU., ha encendido las alarmas en la región latinoamericana y caribeña, donde los recursos obtenidos por esa vía constituyen un sector significativo de sus economías.
No es para menos. De acuerdo con datos compilados por Bloomberg a partir de cifras publicadas por el Banco Mundial, las remesas representan para Honduras y El Salvador el 21 % de su PIB, mientras que en Guatemala ascienden a 17 %. En otras naciones, como República Dominicana y México, también se aprecian montos relevantes: 7 % y 4 %, respectivamente.
Sin embargo, aunque la medida se presenta como ventajosa para EE.UU. en términos fiscales, su aplicación supondría desafíos legales y también, por una mezcla compleja de factores, podría volverse en su contra.
Golpes directos
Desde otro costado, el dinero enviado desde EE.UU. ya contempla el pago de tributos internos. Compañías como Western Union y Money Gram International, ampliamente utilizadas por los migrantes, retienen entre el 5 y el 10 % del monto enviado. Así, la entrada en vigor de la legislación que impulsan los republicanos supondría un acto de doble pechaje, como ha advertido la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
«No estamos de acuerdo. Es incluso en EE.UU. inconstitucional porque se cobraría doble impuesto, porque los mexicanos que viven en EE.UU. ya pagan impuestos», sostuvo la mandataria el pasado 15 de mayo en su tradicional conferencia de prensa matutina. A esto sumó que su administración ya inició conversaciones con otros países que se verían afectados por la ley, así como con congresistas estadounidenses, en interés de lograr el archivo de la iniciativa legislativa.
Del mismo modo, argumentó que la tentativa estadounidense es claramente «discriminatoria» y contraviene un tratado suscrito entre las dos naciones que data de 1994. Por eso, aseguró que quienes envían dólares desde suelo estadounidense «no pueden ser gravados por la misma actividad económica de manera distinta».
En esta jornada, Sheinbaum anunció que, tras negociaciones, EE.UU. había aceptado aplicar un gravamen de 3,5 % sobre las divisas enviadas a su país. «Por lo pronto, la tasa del impuesto a las remesas, tuvo una disminución del 5 al 3,5 %», dijo.
En términos prácticos, el impuesto sobre las remesas encarece el envío de dinero y erosiona las economías familiares, como advierte a Bloomberg Tomás Bercovich, CEO y cofundador de la plataforma chilena de envío de dinero Global66.
«El impacto principal se manifiesta en una menor capacidad de gasto en las economías receptoras. Las familias tendrán menos dinero disponible para cubrir sus necesidades básicas, lo que inevitablemente llevará a una reducción en el consumo. Esta disminución en el consumo afectará directamente a las economías locales, especialmente en aquellas ciudades o regiones que dependen en gran medida de las remesas, generando una ralentización de la actividad económica», detalló el experto.
Por otro lado, el aumento en el costo de este servicio, impelería a los migrantes a buscar caminos alternativos, no necesariamente lícitos o seguros, para enviarle a sus familiares un dinero que resulta esencial.
«Es posible que una parte de los migrantes recurra a canales informales para el envío de dinero, como una estrategia para eludir el gravamen. Si el impuesto fomenta el uso de estos mecanismos no regulados y llegan a consolidarse, existe el riesgo de que organizaciones criminales se involucren en dichas actividades», valoró el BBVA en un análisis difundido por El Economista.
El bumerán
Aunque es claro que, de hacerse efectivo el impuesto de 5 % sobre las remesas, los países receptores tendrán que asumir costos elevados, EE.UU. también podría resultar afectado por causa del tributo que hoy impulsan los republicanos en la cámara baja.
Si bien, de momento, solo México ha alzado la voz contundentemente para oponerse a la propuesta, si llega a concretarse, otros gobiernos latinoamericanos podrían sumarse a los reclamos, lo que abriría la puerta a un nuevo capítulo de tensiones entre la Casa Blanca y la región y podría poner en vilo algunas alianzas estratégicas como la que mantiene la Administración Trump con el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para el envío de prisioneros a una cárcel de máxima seguridad.
Por otro lado, la contracción de las economías locales por causa del pechaje a las remesas, particularmente las de países como El Salvador u Honduras, altamente dependientes de esos recursos, podría derivar en otra ola migratoria, pese a las condiciones cada vez más restrictivas impuestas por Washington en esa materia.
Finalmente, como advierte el BBVA, el encarecimiento de los envíos podría acabar convirtiéndose en otro negocio lucrativo del crimen organizado, lo que haría todavía más cuesta arriba frenar sus actividades, dado que podrían adoptarse esquemas de transas en plataformas opacas de la ‘dark web’ o en ecosistemas cripto, cuyas operaciones resultan difíciles o directamente imposibles de rastrear.
